Mexico's northern border conflict: collateral damage to health and human rights of vulnerable groups El conflicto en la frontera norte de México: daños colaterales a la salud y los derechos humanos en grupos vulnerables

OBJECTIVE: To compare distributions of human rights violations and disease risk; to juxtapose these patterns against demographic and structural environmental variables, and to formulate implications for structural interventions. METHODS: Female sex workers who inject drugs were surveyed in Tijuana and Ciudad Juarez, Mexico. Structured interviews and testing for sexually transmitted infections (STIs) were conducted (October 2008 to October 2009). Frequencies of individual and environmental factors, including police abuse, risk of HIV infection, and protective behaviors, were compared between sites using univariate logistic regression. RESULTS: Of 624 women, almost half reported police syringe confiscation despite syringes being legal; 55.6% reported extortion (past 6 months), with significantly higher proportions in Ciudad Juarez (P < 0.001). Reports of recent solicitation of sexual favors (28.5% in Tijuana, 36.5% in Ciudad Juarez, P = 0.04) and sexual abuse (15.7% in Tijuana, 18.3% in Ciudad Juarez) by police were commonplace. Prevalence of STIs was significantly lower in Tijuana than in Ciudad Juarez (64.2% and 83.4%, P < 0.001), paralleling the lower prevalence of sexual risk behaviors there. Ciudad Juarez respondents reported significantly higher median number of monthly clients (6.8 versus 1.5, P < 0.001) and lower median pay per sex act (US$ 10 versus US$ 20, P < 0.001) (in the past month). Relative to Tijuana, security deployment, especially the army's presence, was perceived to have increased more in Ciudad Juarez in the past year (72.1% versus 59.2%, P = 0.001). CONCLUSIONS: Collateral damage from police practices in the context of Mexico's drug conflict may affect public health in the Northern Border Region. Itinerant officers may facilitate disease spread beyond the region. The urgency for mounting structural interventions is discussed.OBJETIVO: Comparar las distribuciones de las violaciones a los derechos humanos y el riesgo de enfermedades; yuxtaponer los patrones obtenidos con las variables demográficas y estructurales del entorno, y formular las implicaciones de llevar a cabo intervenciones estructurales. MÉTODOS: Se entrevistaron trabajadoras del sexo que consumían drogas inyectables en Tijuana y Ciudad Juárez, México. Entre octubre del 2008 y octubre del 2009 se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS). Se compararon entre las dos ciudades las frecuencias de factores individuales y ambientales, como el abuso policial, el riesgo de infección por el VIH y las conductas protectoras, usando regresión logística de una sola variable. RESULTADOS: De 624 mujeres, casi la mitad comunicaron la confiscación de jeringas por la policía a pesar de que es legal poseerlas; 55,6% informaron extorsión (en los últimos 6 meses), con proporciones significativamente mayores en Ciudad Juárez (P < 0,001). Los informes de solicitación reciente de favores sexuales (28,5% en Tijuana, 36,5% en Ciudad Juárez, P = 0,04) y de abuso sexual (15,7% en Tijuana, 18,3% en Ciudad Juárez) por la policía fueron comunes. La prevalencia de ITS fue significativamente menor en Tijuana que en Ciudad Juárez (64,2% y 83,4%, P < 0,001), en forma análoga a la menor prevalencia de conductas sexuales de riesgo en la primera ciudad. Las mujeres entrevistadas en Ciudad Juárez informaron una mediana del número de clientes mensual significativamente mayor (6,8 frente a 1,5, P < 0,001) y una mediana del pago por acto sexual menor (US$ 10 frente a US$ 20, P < 0,001) en el último mes. En el último año, las mujeres entrevistadas percibieron un mayor aumento del despliegue de seguridad, especialmente la presencia del ejército, en Ciudad Juárez que en Tijuana (72,1% frente a 59,2%, P = 0,001). CONCLUSIONES: Los daños colaterales derivados de las prácticas policiales en el contexto del conflicto de narcotráfico de México pueden afectar a la salud pública en la región de la frontera norte de México. Los oficiales itinerantes pueden facilitar la propagación de enfermedades más allá de la región. Se analiza la urgencia para establecer intervenciones estructurales.